La ley y el trabajo
Élder Albert E. Bowen
Del Cuórum de los Doce Apóstoles
La justicia imparcial, el respeto a la ley y una fe cristiana llevada a la práctica son esenciales para resolver los conflictos laborales y preservar la libertad individual y religiosa.
El presidente Smith, en su discurso de apertura esta mañana, habló del actual desconcierto y desorientación del mundo como consecuencia de una devoción cada vez menor a los principios fundamentales. El doctor Widtsoe aludió al mismo tema, particularmente a cómo se manifiesta en las frustraciones de los hombres al buscar a tientas una paz anhelada sin adherirse a los principios de los que depende la paz. Deseo hablar de un ejemplo de este alejamiento de la paz y de un poderoso factor que contribuye a la inestabilidad imperante. Espero poder hacerlo sin ofender.
HISTORIA DE LA REPARACIÓN DE LOS AGRAVIOS
Todos ustedes recuerdan los relatos de épocas anteriores, cuando los hombres se encargaban por sí mismos de reparar sus propios agravios. Si, por ejemplo, alguien mataba a un miembro de mi familia, yo salía de inmediato y lo mataba a él o a algún miembro de su familia. Entonces aquella familia buscaba vengarse de mí o de mi familia, y así continuaba la sucesión de represalias y contrarrepresalias, hasta convertirse en enemistades entre familias y clanes. De igual manera, si alguien tomaba o dañaba los bienes de otra persona, el perjudicado procuraba, por sus propios medios, recuperar sus bienes o su equivalente, o castigar a quien lo había despojado. Es fácil ver que bajo semejante sistema no podía haber estabilidad ni seguridad. En tales condiciones no podía existir una sociedad ordenada y estable de personas. Era intolerable. El remedio, quizá el único remedio, era promulgar leyes públicas aplicables a todos por igual, que definieran los derechos de las personas y proporcionaran recursos para proteger esos derechos. Una ley definía el asesinato y prescribía una pena para quien lo cometiera. Desde entonces, si se cometía un asesinato, dejaba de ser un agravio privado contra la persona asesinada que sus parientes debían vengar, y pasaba a ser un delito contra el Estado, que asumía el derecho exclusivo de aplicar al infractor el castigo de la ley. Tal vez la familia perjudicada no siempre estuviera satisfecha con los resultados, pero tenía que aprender a aceptarlos. Ya no tenía derecho a tomar el castigo en sus propias manos y, si lo hacía, quedaba a su vez sujeta a una pena. De manera semejante, la ley prohibía el robo y establecía las consecuencias de su infracción. Por lo tanto, si a alguien le robaban sus bienes, no procuraba recuperarlos por la violencia ni castigar al infractor. El Estado se encargaba de ello mediante sus propios procedimientos. Estos agravios más graves se denominaban delitos, que el Estado castigaba, no para resarcir a la persona perjudicada, sino para preservar el orden público. Otras transgresiones menos graves seguían reconociéndose como faltas por las que el perjudicado podía procurar una indemnización para sí. Pero su recurso consistía en acudir a los procedimientos establecidos por la ley, y no en emplear personalmente la fuerza física o la violencia.
Así, por ejemplo, si alguien entraba u ocupaba indebidamente el terreno o la vivienda de otra persona, el propietario presentaba su demanda ante el tribunal. La causa se examinaba y resolvía de manera ordenada, y entonces los agentes de la ley desalojaban al intruso, en lugar de que el propietario procurara hacerlo por sí mismo mediante la violencia.
LA JUSTICIA CONFORME A LA LEY
La resolución del tribunal judicial establecido por la ley llegaba a ser definitiva, y las partes en disputa tenían que acatarla. Así, el castigo de los agravios o la protección de las personas y de los bienes dejaron de pertenecer al ámbito de las enemistades privadas y las represalias mediante la fuerza física, y pasaron al ámbito de la resolución judicial imparcial, mediante la razón y la aplicación de los principios de justicia. Este logro marcó un gran día en el progreso de la civilización. La anarquía dio paso al orden, y fue posible que los seres humanos vivieran juntos con un alto grado de estabilidad y libres de temores constantes. Sin tal logro, grandes cantidades de personas no habrían podido vivir juntas.
LOS CONFLICTOS LABORALES
A estas alturas, seguramente alguien se preguntará qué tiene que ver todo esto con el propósito de una congregación de adoración como la que se reúne aquí hoy. Se lo diré. Me he permitido presentar este breve panorama histórico con el propósito expreso de establecer un paralelo entre aquello y los métodos bárbaros que ahora empleamos para tratar los conflictos laborales. No vacilo en decir que la huelga es una manera totalmente incivilizada de abordarlos. Las huelgas surgen de desacuerdos. A veces la disputa es entre el empleador y sus empleados; a veces el empleador no tiene nada que ver con ella, sino que se produce entre dos grupos distintos de empleados organizados, cada uno de los cuales reclama el derecho de negociar con el empleador. A veces se obliga a los trabajadores a ir a la huelga cuando no tienen agravio alguno y preferirían seguir trabajando, pero las órdenes de la organización a la que pertenecen los obligan a abandonar sus puestos. A veces son miembros voluntarios de tales organizaciones, pero con frecuencia se les obliga a afiliarse contra su voluntad mediante la violencia o las amenazas de violencia. A menudo se los coacciona para que se afilien porque, de otro modo, no se les permitirá trabajar en absoluto ni ganarse el pan de cada día.
Los empleados afirman que durante mucho tiempo han sufrido injusticias y que ahora están ajustando cuentas, mientras que los empleadores sostienen que las exigencias de los trabajadores son irrazonables e imposibles de conceder. Evidentemente, ninguna de las partes en disputa está en condiciones de evaluar imparcialmente el fundamento de estas posiciones contrapuestas.
No estoy aquí tratando de atribuir culpas ni de decir quién tiene la razón o hasta qué punto. Pero sí digo que semejante situación engendra el desacato a la ley, desemboca en la anarquía y destruirá a cualquier gobierno o sociedad que no encuentre una manera eficaz de afrontarla.
No hay más excusa para permitir que quienes tienen una reclamación laboral —real o imaginaria, sostenida sinceramente o fingida para encubrir un propósito siniestro— tomen en sus propias manos la reparación de sus agravios, que para permitir que cualquier particular se encargue por sí mismo de obtener reparación por sus propios agravios, cualquiera que sea su naturaleza, sin tener en cuenta el buen orden y el bienestar de toda la sociedad.
No hay más justificación para permitir que un grupo organizado detenga a un agricultor que lleva al mercado sus propios productos, los frutos de su propio trabajo, y vuelque y destroce su camión y destruya sus alimentos a menos que contrate y pague a otro conductor al que no quiere ni necesita, que para permitir que un hombre cuyo hijo ha muerto, quizá en una riña, salga y, sin investigación alguna, mate al causante de esa muerte.
Un grupo organizado no tiene mayor derecho a obstruir las vías públicas o a establecer piquetes frente a las entradas de los lugares de trabajo e impedir que otros entren mediante la violencia, la intimidación, las amenazas y las lesiones, que el que tiene cualquier persona cuyos bienes han sido robados a recuperarlos por la fuerza de las armas, matando o mutilando si fuera necesario en el proceso.
Tampoco contribuye en nada a la causa decir, aunque sea verdad, que los trabajadores han sufrido graves injusticias en el pasado. Un mal nunca se remedia transfiriendo el poder de cometerlo de unas manos a las de quienes están en el bando contrario. La injusticia es tan siniestra y tan fatal para la convivencia ordenada cuando la comete una de las partes en una controversia como cuando la comete la otra. Las injusticias anteriores no se reparan mediante la comisión de otras nuevas por la parte contraria.
SE CONDENA EL DESACATO A LA LEY
Nuestra manera de tratar estos conflictos laborales pertenece a la era de la barbarie y es una vergüenza nacional. Mientras toleremos el desacato a la ley, el desorden y la usurpación por particulares del derecho a reparar los agravios, no tendremos derecho a censurar a otras naciones por sus faltas ni a asumir ante ellas el papel de instructores. Si no podemos mantener el orden interno, ¿cómo podemos esperar lograr el orden internacional o ejercer una influencia persuasiva para establecerlo?
La necesidad apremiante de esta época es que haya hombres de talla y carácter en los puestos de poder: hombres que tengan la inteligencia para discernir lo correcto y el valor para seguirlo sin tener en cuenta las consecuencias personales para ellos o sus ambiciones; hombres que no sucumban al atractivo de la conveniencia, sino que se atrevan a mantenerse firmes en los principios aunque estén solos. Hay demasiados hombres de poca talla, que buscan congraciarse con otros, dando tumbos en puestos que requieren grandes hombres de integridad inquebrantable.
¿Por qué han de quedar grandes ciudades a oscuras y sus ciudadanos expuestos a los saqueadores porque dos partes contendientes decidan enfrentarse? ¿Por qué han de detenerse el transporte marítimo y el terrestre, y poblaciones enteras e inocentes verse reducidas al hambre, al frío y a las privaciones porque dos partes particulares, o quizá solo una de ellas, impongan su voluntad imperiosa sin tener en cuenta el bienestar del público que respeta la ley?
Si hacen falta leyes para definir los derechos, los privilegios y las obligaciones de los respectivos contendientes, que se promulguen tales leyes, pero que sean justas, imparciales y libres de prejuicios. Nunca se remediará el mal con leyes que aten a una de las partes mientras dejan a la otra en libertad, con licencia irrestricta para hacer el mal. Si se necesitan tribunales para administrar y hacer cumplir las leyes, que se constituyan imparcialmente, sin llenarlos de personas tan predispuestas que su decisión pueda predecirse con certeza antes de que se examine la causa. Y, cuando un tribunal debidamente constituido haya dictado sentencia, que no se disuelva ese órgano ni se anule su fallo bajo presión para establecer otro tribunal que emita la clase de decisión que desea la parte insatisfecha. Esa práctica solo desacredita todo el sistema y hace que se menosprecie al propio gobierno.
Debe preservarse la autoridad de la ley, mantenerse los procedimientos ordenados y garantizarse los derechos del público que, sin haber cometido falta alguna, sufre las consecuencias, independientemente de los deseos de las partes contendientes o de las presiones que puedan ejercer.
ESTÁ EN JUEGO EL FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Otra razón por la que este análisis es apropiado aquí es que está en juego todo el futuro de la libertad religiosa. Hay una guerra entre el concepto de un pueblo libre bajo un gobierno libre y el gobierno totalitario, con su inevitable supresión de la libertad individual. Esa guerra afecta a la religión. Si no se corrige la situación intolerable e inexcusable que ahora impera, el gobierno libre dará paso a alguna forma de totalitarismo; poco importará que se trate del despotismo de un solo hombre, de una clase, de un grupo o incluso del Estado. Y el totalitarismo siempre tiene que destruir la libertad religiosa. El gobierno libre tal como lo hemos conocido, lo que comúnmente llamamos nuestra democracia, se fundamenta en el gran principio espiritual de la importancia suprema de la persona y del origen divino del alma humana. Este concepto encuentra su máxima expresión política en la Declaración de Independencia, que proclama con palabras de fuego que los hombres, al nacer, por el decreto creador que les dio existencia —por el solo hecho de ser hombres—, reciben de Dios ciertos derechos que son «inalienables» y que, por derecho y en virtud de nuestra ley fundamental, son inviolables, y que ningún poder de la tierra, ni siquiera el propio gobierno, puede legítimamente vulnerar. Entre estos derechos inalienables e inviolables están el derecho a la vida y a la libertad. De este modo, el derecho del hombre a la libertad —a ser libre— queda situado al mismo nivel que el derecho a la vida misma. La historia de la lucha humana proclama con fuerza que la vida sin libertad es intolerable. Para alcanzar la plenitud, ambas deben ir juntas. Estos conceptos, incorporados en la inmortal Declaración, son el producto de más de un siglo y medio de enseñanzas de la religión cristiana, de las cuales deben nutrirse. Si se permite que esta fuente se seque, la libertad individual se marchitará y morirá.
LA RELIGIÓN CRISTIANA Y LA DEMOCRACIA
Porque de esa religión procede todo el concepto de la hermandad común de los hombres como hijos del mismo Dios, cada uno igual ante la ley. Tan íntimamente están entrelazadas ambas que la democracia y la religión cristiana deben sobrevivir o perecer juntas. Ninguna de las dos ha funcionado perfectamente en manos humanas. Pero las deficiencias en la aplicación perfecta de los principios del gobierno libre probablemente guardan una proporción bastante directa con el incumplimiento de los hombres en vivir la religión cristiana. La práctica perfecta de esta última garantizaría el funcionamiento perfecto del primero. No podemos desechar ninguna de las dos sin ponernos en peligro. Juntas han proporcionado un ambiente en el que, a pesar de las imperfecciones, hemos vivido y prosperado como ninguna otra nación de la historia registrada. Es importante observar que, en aquellos países donde ha perecido la libertad, junto con su decadencia se ha producido un quebrantamiento y una negación de la religión cristiana, y que en aquel país donde ese quebrantamiento ha sido más completo se ha logrado el control más absoluto de los cuerpos y los espíritus de los hombres. Pero una profesión superficial de la fe cristiana, carente de verdadera creencia, no resistirá las fuerzas desintegradoras que actúan en el mundo actual. Solo una convicción religiosa auténtica y profundamente arraigada, llevada a la práctica, puede hacerlo. Los discípulos que establecieron la Iglesia antigua no eran hombres que, mediante razonamientos, descartaran a Jesús y Sus doctrinas, ni se conformaban con proclamarlo simplemente un gran maestro de ética. Cuando Jesús preguntó a Sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?» Marcos 8:27, Pedro le expuso las diversas conjeturas que los hombres habían aventurado acerca de Él. Entonces Jesús le preguntó directamente: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Pedro respondió sin ambigüedad ni vacilación: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente» Mateo 16:13–16. Esa es la clase de fe viva que llevó a la religión cristiana a predominar en el mundo occidental y que finalmente dio al mundo nuestra democracia. Es la única clase de fe que puede salvar al mundo de la doctrina anticristiana del control rígido y del dominio autoritario sobre la vida de los hombres.
Es esa fe la que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la misión de mantener viva en el corazón de los hombres y de perpetuar en esta tierra.
